Reclamantes alegan que la resolución impugnada valida un proceso de Evaluación Ambiental en el que se verificaron expresas contravenciones a la normativa ambiental, a sus principios, a la normativa internacional y a la Constitución.

La reclamante argumentó que el permiso ambiental sectorial relativo a la ejecución de construcciones industriales fuera de los límites urbanos no debió ser aplicado, ya que el Proyecto se trataría de una actividad primaria, y no implicaría construcciones o edificaciones industriales.

El reclamante señala que la asamblea para elegir la Comisión electoral fue convocada por un grupo de afiliados y otros individuos ajenas a la organización; y, dicho llamado se realizó mediante redes sociales y carteles ubicados en lugares visibles del sector Las Quemas.

La Corte concluyó que el fallo que resuelve el correspondiente recurso de casación en la forma no es susceptible de ningún otro recurso.

La reclamante señala que la denuncia fue archivada en virtud de lo establecido en el artículo 47, inciso 4 de la Ley N° 20.417.

El procedimiento llegó a su fin, luego que el SEA y la empresa Minera Teck Quebrada Blanca, como tercero coadyuvante, aceptaran el desistimiento de los reclamantes.

Sentencia impugnada incurre en error de Derecho al acoger reclamación en base a hechos que no se encuadran dentro de la norma aplicable.

La reclamación señala que la resolución no consideró todas las observaciones presentadas durante el proceso de participación ciudadana.

Además, ordenó acumular estos autos a la causa Rol R-15-2020, en cuanto ambas recaen sobre la misma resolución reclamada y dado que coinciden en la pretensión dirigida contra la resolución del Director Ejecutivo del SEA.

Los reclamantes alegan que de nada sirve retrotraer el procedimiento si se constata que el proyecto debió haber sido ingresado mediante un Estudio de Impacto Ambiental.