La Fiscalía Nacional Económica solicitó se tenga por rechazado el requerimiento interpuesto por la ANFP, alegando que la aplicación de los preceptos impugnados no resulta contraria a la Constitución.
El requirente alega que la aplicación del precepto impugnado produce efectos contrarios a diversas normas y principios constitucionales.
El requirente alega que impedir a la Corte de Apelaciones pronunciarse sobre la solicitud de no innovar produce efectos inconstitucionales en la gestión pendiente.
El requirente alega se infringe su derecho de acceso a la información pública, y con ello la igualdad ante la ley y el debido proceso.
El requirente alega que el precepto impugnado, al prescindir de los requisitos que deben contener las sentencias, que sí son exigidos en otros procedimientos, produce efectos inconstitucionales.
El requirente alega que se ve imposibilitado de presentar prueba crucial en la gestión pendiente, dejándolo en indefensión.
Infringe los principios de proporcionalidad y legalidad.
El requirente alega que prohibir oponer excepciones de carácter personal al tercero adquirente del título de crédito produce efectos inconstitucionales.
El requirente alega que se le aplica una sanción de forma automática que ignora sus circunstancias particulares, afectando gravemente sus garantías constitucionales.
El requirente alega que impedir al Tribunal de Alzada pronunciarse sobre la solicitud de no innovar produce efectos inconstitucionales en la gestión pendiente.
El requirente alega que no puede oponerse a un cobro injusto en virtud de los preceptos cuestionados, vulnerándose sus derechos a un debido proceso y propiedad.
