La modificación legal expresada en la Ley N°21.412 abordó un perfeccionamiento de la legislación sobre armas de fuego, buscando atenuar la severidad del tratamiento punitivo usando como paradigma la diferenciación entre los diversos ilícitos, según la penalidad que fijare el legislador, entregando una serie de atribuciones al propio sentenciador para calibrar y ponderar las situaciones fácticas.
No vulnera la autonomía de los grupos o cuerpos intermedios, la igualdad ante la ley, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, la libertad de trabajo ni el derecho de propiedad.
La requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, desde que se registró en su hoja de vida una medida disciplinaria expulsiva con la consecuente inhabilidad de ingreso a la administración pública, sin que previamente se hubiere tomado razón por la Contraloría de la resolución municipal, la que solo fue registrada.
Norma que niega recurso de apelación contra resolución que concede medida precautoria en juicios de arrendamiento de predios urbanos, no produce resultados contrarios a la Constitución.
La requirente no ha logrado explicar de qué manera en su caso concreto –una acción de tutela de derechos fundamentales ante la judicatura laboral− la norma produciría efectos inconstitucionales.
Raúl Mera Muñoz es ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso desde el año 2015 y fue su presidente en el año 2016 y en distintos periodos se ha desempeñado como ministro suplente de la Corte Suprema.
Es el sentenciador de fondo quien deberá resolver la controversia y hacer las distinciones que estime pertinentes, entre las que se encuentra el carácter público de la demandada, pero también la categoría de los derechos demandados sin que sea esta magistratura la que deba zanjar el conflicto al calificar de inconstitucionales normas que, por el contrario, ha reafirmado en su razonabilidad y constitucionalidad, tanto en sus dimensiones individuales como colectivas.
Son las instituciones previsionales las encargadas de perseguir el pago. El trabajador es un tercero. Por ello, aunque se estimara que la dilación del proceso es imputable a una falta de diligencia de la A.F.P, mal podría esa negligencia traducirse en una declaración de abandono que tiene por objeto pagar las cotizaciones previsionales que se adeudan al trabajador, pues con ello se estaría incumpliendo el principio de protección (art. 19 N°16).
No parece coherente que si una persona puede reclamar ante los tribunales contra la decisión del CPLT que confirma la denegación que hizo el órgano de la Administración, no pueda hacerlo el órgano administrativo. Afecta el debido proceso en tanto no existe una vía judicial abierta. La decisión del Consejo se resuelve en “única instancia”. No puede acudir a un tercero independiente e imparcial. (Voto por acoger).
El precepto no entrega criterios para la determinación de la conducta; no establece un procedimiento para tal determinación; no exige deberes de fundamentación; no sujeta la decisión a ningún tipo de control, y la regulación a través de Auto Acordados de la Corte Suprema es insuficiente. Cuando el constituyente encarga al legislador la regulación de un determinado derecho fundamental, no puede delegar por completo tal función a otro órgano para que lo haga de forma enteramente discrecional.
Al excluir la procedencia del abandono del procedimiento, el legislador persigue una finalidad que es legítima: no solo busca asegurar la vigencia de la igualdad ante la ley, sino además da vigencia a la protección al trabajador.
