El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, ya que si bien la Ley N°21.248 tiene por objeto luchar contra las organizaciones criminales que se dedican a cometer cierta clase de delitos, al mismo tiempo le genera un perjuicio a terceros de buena fe, desde que les impide interponer tercería o reclamación.

Se alega que si bien existe un deber legal de garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes respecto de los contenidos televisivos que se expresen dentro de su ámbito de competencias, tal protección no puede implicar un absurdo en que se sancione a DIRECTV de manera completamente arbitraria, entendiendo que existe, hoy en día con el desarrollo del internet y las redes sociales, medios que difunden ampliamente el mismo contenido por el que la sanciona.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe igualdad ante la ley, la libre iniciativa económica, el derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica, desde que a pesar de que el objeto de la empresa es entregar servicios informáticos en establecimientos de salud y que, por tanto, no corresponde a un establecimiento de salud, el precepto impugnado la hace responsable del otorgamiento de descanso reparatorio por la pandemia.

La sola circunstancia de haber ocurrido el hecho criminal en un recinto militar, no es una justificación constitucionalmente admisible y suficiente para que a una persona, sea esta civil o militar, se le impida ejercer derechos como víctima de un delito común y se le prive de un procedimiento racional y justo, refiere el voto en contra.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la irretroactividad de la Ley penal, la libertad personal y seguridad individual, la igualdad ante la ley, al impedir las prescripciones totales o graduales conforme a las reglas del Código Penal, en circunstancias que, si no se hubiese aplicado el precepto impugnado, los hechos habrían prescrito en 1985 y 1996, desde se le imputó la participación por hechos cometidos en los años de 1973 y 1981.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y el debido proceso, desde que si bien el espíritu del legislador es excluir las expresiones de machismo y otros atavismos culturales de las atenuaciones posibles, lo cierto es que en el caso en concreto el acusado le provocó la muerte a su cónyuge para defenderse.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, la tutela judicial efectiva, el derecho a un proceso racional e injusto, desde que le impidió a la demandada rendir prueba procesalmente ofrecida en tiempo y forma para efectos de poder contar con más y mejores medios que permitieran la sustanciación del procedimiento.

Excluir el testimonio de personas que pueden haber tenido una participación directa en los hechos puede tener, además, una incidencia decisiva en la actividad jurisdiccional al impedir al juez poder ponderar sus declaraciones, fundado únicamente en la presunción subjetiva de su falta de imparcialidad, criterio anacrónico y carente de razonabilidad para sustentar una restricción que pugna abiertamente con la garantía de un justo y racional juzgamiento, refiere el voto en contra.

La exigencia de un monto en dinero como antecedente necesario e ineludible para acceder a la justicia constituye un elemento que pugna con las garantías constitucionales del sancionado, refiere el voto en contra.

Si hay alguien a quien exigirle que asuma la responsabilidad paterna en estos casos no es a quien erróneamente ha reconocido a un hijo(a) que no es suyo, sino que, al verdadero padre, esto es, al biológico, refiere el voto en contra.