Cuestiones de constitucionalidad

Tribunal Pleno.

TC se pronunciará sobre el fondo de requerimiento del Presidente de la República respecto de la inconstitucionalidad de la actuación del Senado por la modificación introducida al proyecto de ley que crea el permiso postnatal parental.

«…el Senado infringió diversas disposiciones constitucionales que se vinculan directamente con el ámbito de materias reservadas a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, por lo que se solicita se deje sin efecto tal actuación y se restablezca el imperio del derecho en la tramitación del referido proyecto de ley».

2 de julio de 2011
A partir de hoy.

TC oirá en audiencia pública a personas, instituciones y organizaciones representativas de intereses involucrados en requerimiento que impugna constitucionalidad de normas del “UPOV-91” sobre obtenciones vegetales.

Para ello citó a una audiencia pública que se celebraría el mismo día de la vista de la causa y con anterioridad a ésta, esto es, el día 21 de junio de 2011. Sin embargo, atendido el alto nuecero de solicitudes que ingresaron a la Secretaría del Tribunal -108 presentaciones escritas-, de las cuales 46 solicitaron ser oídas en la audiencia pública, la Magistratura Constitucional acordó que la referida audiencia se inicie el día de hoy.

20 de junio de 2011
Tribunal Pleno.

TC requiere informes y fija audiencia pública para oír a personas, instituciones y organizaciones representativas de intereses involucrados en requerimiento que impugna constitucionalidad de normas del “UPOV-91” sobre obtenciones vegetales.

En el marco del proceso de inconstitucionalidad de determinadas disposiciones del Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV-91) que dedujo un grupo de 17 senadores que solicitaron se declare inconstitucionales los artículos 7, 10 N°3, 14 N°2, 15, 16, 17 y 40 del referido Convenio, la Magistratura Constitucional, haciendo uso de la facultad […]

8 de junio de 2011
Segunda sala.

TC no admitió a trámite y declaró derechamente inadmisible requerimiento de inconstitucionalidad que impugnaba Auto Acordado del TRICEL por no haber sido deducido por legitimado activo.

El Tribunal Electoral Regional de la XI Región de Aysén, solicitó al TC un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad del Auto Acordado del Tribunal Calificador de Elecciones, de 19 de enero de 2011, que modificó el Auto Acordado dictado por ese Tribunal relativo al procedimiento de designación de miembros titulares y suplentes de los Tribunales Electorales […]

2 de junio de 2011
Segunda sala.

TC deberá resolver si acoge a trámite requerimiento que impugna constitucionalidad de Auto Acordado del TRICEL en aquella parte que establece que los integrantes del TER de la Región de Aysén durarán en sus cargos un periodo inferior a cuatro años.

La reforma constitucional de 2005 le otorgó al TC la atribución de resolver sobre la constitucionalidad de los autos acordados dictados por la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y el Tribunal Calificador de Elecciones. La Carta Fundamental distingue, a estos fines, dos categorías de legitimados activos. De una parte, el Presidente de la República, […]

28 de mayo de 2011
A petición de senadores.

TC fue requerido para pronunciarse sobre la constitucionalidad del Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV-91) suscrito en el marco del TLC Chile-EEUU para proteger la propiedad de semillas modificadas.

«la Unión Internacional para la Obtención de las Protecciones Vegetales es una organización de carácter intergubernamental establecida en el año 1961 y de la cual Chile es parte desde 1996, siendo el “Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales” (UPOV) un acuerdo internacional que data de 1961, con modificaciones introducidas en los años 1972, 1978 y 1991, correspondiendo una acta a cada una de ella».

27 de mayo de 2011
En votación dividida.

TC acogió parcialmente requerimiento y declaró inconstitucional parte de Decreto Supremo que incide en regulación de la televisión digital.

La sentencia expone que el conflicto se reduce a elucidar dos cuestiones esenciales: 1) si para la consecución de un fin constitucionalmente irreprochable, la autoridad administrativa cuenta o no –dentro de sus medios actuales- con competencias a tal efecto y, de ser así, 2) si el ejercicio de tales facultades administrativas amaga o no derechos fundamentales.

24 de mayo de 2011
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