El máximo Tribunal de Brasil explicó que tanto la caza de control, como la caza científica, tienen como objetivo reequilibrar el ecosistema y protegerlo, siempre que estén debidamente controlados.
La Magistratura constitucional española adujo esto, pues el método de cálculo usado por la empleadora para asignarle los periodos de descanso retribuidos por cada «saliente de guardia» le ha provocado un perjuicio efectivo y constatable fruto del ejercicio de un derecho asociado con la maternidad.
La Magistratura constitucional colombina adujo esto, particularmente, respecto al término para presentar las querellas, por desconocer los derechos de las víctimas, incluido el derecho fundamental del acceso a la administración de justicia.
La decisión se tomó en la acción presentada por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil y seis partidos políticos, en la que se señaló la omisión del gobierno federal en la lucha contra Covid-19 entre los pueblos indígenas.
La Magistratura constitucional española tiene como una de sus misiones principales, garantizar principio y valores del Estado Social y Democrático de Derecho español que reconoce a la Monarquía parlamentaria como símbolo de su unidad y permanencia.
Los solicitantes aducen que los vetos van en contra de las determinaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la legislación de las otras entidades federales, guiadas en estricta conformidad con las normas sanitarias.
Los solicitantes de la medida cautelar señalan que la tasa de mortalidad de Covid-19 entre los indígenas es del 9,6%, frente al 5,6% en la población brasileña en general.
La Magistratura constitucional colombina estimó que se hace necesario generar condiciones propicias para facilitar la entrega de ayudas en favor de las personas más necesitadas, por lo que las entidades sin ánimo de lucro no pueden ser gravadas al realizarlas, dado su actividad de utilidad social.
La Magistratura constitucional brasileña, sin embargo, negó una solicitud genérica para otorgar libertad a todas las mujeres privadas de libertad en estas condiciones.
El Ministro Barroso sostuvo que la protección ambiental es un deber constitucional del gobierno federal, y no una opción política.
