TC declaró inadmisible inaplicabilidad que impugnaba norma sobre prohibición de asesorar o defender a imputados por infracción a la Ley de Drogas para abogados contratados por el Estado.
La gestión pendiente incide en autos sobre investigación sumaria, seguidos ante el Consejo Directivo de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) de la Región del Bíobío.