El requirente estima que el precepto impugnado permite aplicar sanciones desproporcionadas, desiguales y arbitrarias.
El requirente estima que no existe justificación razonable para impedirle terminar con el proceso, lo que vulnera sus garantías de igualdad ante la ley y debido proceso.
El requirente estima que el procedimiento en cuestión no es idóneo para resolver la cuestión pendiente y vulnera sus garantáis constitucionales.
El requirente estima que se vulnera su derecho de propiedad.
El requirente sostiene que tal limitación recursiva no tiene fundamento razonable y vulnera sus garantías de igualdad ante la ley y al debido proceso.
El requirente estima que se vulnera la autonomía constitucional de los grupos intermedios.
El requirente alega que la aplicación de la norma impugnada ha permitido incumplir los plazos establecidos en la ley, vulnerando la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad.
El requirente alega que se le obliga a revelar información que no es pública conforme al texto constitucional, vulnerando sus garantías constitucionales.
El requirente alega que no existen parámetros objetivos que regulen la emisión de dichos informes, afectando su garantía al debido proceso.
El requirente estima que se vulneran sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley y el debido proceso.
