“Si el hijo es póstumo, o si alguno de los padres fallece dentro de los ciento ochenta días siguientes al parto, la acción podrá dirigirse en contra de los herederos del padre o de la madre fallecidos, dentro del plazo de tres años, contados desde su muerte o, si el hijo es incapaz, desde que éste haya alcanzado la plena capacidad”.

«si bien antes se justificaba esta carga pública como una forma de retribuir al Fisco por la educación gratuita, hoy no tiene ningún asidero».

«lo cierto es que en este caso la norma impugnada le sirve de instrumento o herramienta procesal para reflejar su posición sobre el sustrato fáctico de la causa».

«la aplicación de la norma cuestionada afecta sus garantías constitucionales, en específico, el derecho a la protección de su vida privada y su honra, además del contenido esencial de dicho derecho, al restringirse la indemnización por daño moral derivada de imputaciones injuriosas a los exclusivos casos de prueba de daño emergente o lucro cesante, que pueda apreciarse en dinero».

«se estaría infringiendo abiertamente el Pacto de San José de Costa Rica, en particular, de acuerdo a lo sentenciado en caso Palamara con Estado de Chile por la Corte Interamericana de Derechos Humanos».

El precepto legal impugnado dispone: “La jornada ordinaria de trabajo del personal de choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana, de servicios interurbanos de transportes de pasajeros y del que se desempeñe a bordo de ferrocarriles, será de ciento ochenta horas mensuales. En el caso de los choferes y auxiliares de la locomoción colectiva […]

El requirente estima, que de aplicarse los preceptos impugnados, se vulnerarían sus garantías constitucionales, entre otras, el derecho de la igualdad ante la ley y el debido proceso. Toda vez que un ciudadano víctima de actos cometidos por agentes públicos, como lo es Carabineros de Chile, deberá someter la satisfacción de sus derechos en un proceso en un proceso ante tribunales distintos, con diversa composición y con normas procesales diversas, cual serían aquellos tribunales que componen la jurisdicción militar, contraviniendo lo ya señalado en reiteradas ocasiones por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recordando el caso Palamara Iribarne versus Chile.

El requirente estima, que de aplicarse la normativa, se vulnerarían sus garantías constitucionales, entre otras, las consagradas en el artículo 8 inciso 2°, toda vez que los mensajes enviados a través de correos electrónicos institucionales no constituyen información pública.

El primero de los preceptos legales cuya aplicación se impugna dispone: «Si un candidato a Diputado o Senador fallece entre las cero horas del octavo día anterior a la elección y el momento en que el Tribunal Calificador de Elecciones proclame a los elegidos, no podrá ser reemplazado, y los votos que obtenga se entenderán […]

La requirente considera que la aplicación de la preceptiva impugnada vulnera las garantías de la igualdad ante la ley, del racional y justo procedimiento y del contenido esencial de los derechos.