Norma de la Ley de Propiedad Industrial que no permite interponer el recurso de casación en la forma en contra de sentencias definitivas de segunda instancia, se impugna ante el Tribunal Constitucional.
La requirente estima que ello vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, igual protección de la ley, el acceso a un procedimiento racional y justo, y el derecho a un recurso efectivo.