Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 1° de la Ley N° 19.989, sobre la facultad de la Tesorería General de la República de retener de la devolución de impuesto a la renta por las deudas derivadas de crédito solidario.La gestión pendiente invocada incide en un recurso de protección, que actualmente se encuentra en […]

La gestión pendiente invocada incide en un juicio ordinario de primera instancia, seguido ante el Juzgado Civil de Casa Blanca.

El requirente estima que, de aplicarse la norma reprochada, se vulnerarían sus derechos consagrados en los numerales 1, 7 y 26 de la Constitución Política y el artículo 5° inciso 2°, al transgredirse las correspondientes normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la de Derechos del Niño.

“que los actos y resoluciones estatales –sean decisiones, certificaciones o dictámenes- son públicos, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen, por ende, no todo lo que produce la Administración, ni todo lo que ella posee es pública, pues resulta indispensable que exista un margen de privacidad para…»

La gestión pendiente invocada incide en autos por tormentos y apremios ilegítimos producto de la violencia de funcionarios de Carabineros de Chile, del que se declaró incompetente el Juzgado de Garantía de Linares, resolución en actual apelación para ante la Corte de Talca.

El requirente estima que, de aplicarse los preceptos legales impugnados, se vulnerarían sus garantías constitucionales, entre otras, el derecho al debido proceso, al verse privado de la posibilidad de recurrir o revisar lo obrado en primera instancia. También alega infracción al principio non bis in idem, desde que considera hechos ya sancionados, para elevar la responsabilidad administrativa.

La gestión pendiente invocada incide en un reclamo de ilegalidad deducido por la Dirección Nacional de Servicio Civil en contra del Consejo para la Transparencia, seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago, mediante el cual se impugna la decisión del CPLT que ordenó entregar información a la solicitante del puntaje obtenido por ésta en el informe psicolaboral en un proceso concursal.

La gestión pendiente invocada incide en un reclamo de ilegalidad deducido por la Dirección Nacional de Servicio Civil en contra del Consejo para la Transparencia, seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago, mediante el cual se impugna la decisión del CPLT que ordenó entregar información a la solicitante del puntaje obtenido por ésta en el informe psicolaboral en un proceso concursal.

La requirente estima que la aplicación de la norma cuestionada afecta sus garantías constitucionales, entre otras, el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la protección de su vida privada y su honra, desde que se reconoce a un grupo privilegiado de individuos, que siendo responsables de la comisión de un delito o cuasidelito civil, no tienen la obligación de indemnizar el daño moral que produce su acción.

«Se trata de una sanción procesal de prescripción al expropiante negligente cuando no insta a la toma de posesión material del inmueble expropiado dentro de los 60 días siguientes a la publicación del decreto expropiatorio.»