TC deberá pronunciarse si admite a trámite requerimiento de inaplicabilidad que impugna dictamen de la CGR.
“los abogados que se desempeñen como funcionarios o empleados contratados a cualquier título en los servicios de la administración del Estado o en instituciones o servicios descentralizados, territorial o funcionalmente, no podrán patrocinar ni actuar como apoderados o mandatarios de imputados por crímenes, simple delitos o faltas contemplados en esta ley”.