El requirente estima que la aplicación de la preceptiva impugnada se vulnera garantías constitucionales, en específico las de la igualdad ante la ley, además del artículo quinto de la Carta Fundamental, en relación al derecho a la identidad asegurado en la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la medida que se restringe sólo a los casos del artículo 206 la posibilidad de demandar a los herederos.

En su presentación, el juez requirente tiene presente lo resuelto por el Tribunal Constitucional en el proceso Rol Nº 1852, en el cual declaró la inaplicabilidad de una norma de similares características, contenida en el artículo 26 bis del Código del Trabajo, estimando que la aplicación de la norma cuestionada podría vulnerar las garantías constitucionales de la parte demandante, en específico, la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y la justa retribución.

El actor estima que de aplicarse la preceptiva impugnada se violan la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, el derecho a la igual protección en el ejercicio de los derechos y las garantías del derecho de propiedad, al permitirse un quebrantamiento de la normativa sobre administración del convenio concursal y al desconocerse la prelación de créditos.

«respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares, de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas», en la media que la preceptiva impugnada discrimina el derecho a demandar por parte de los hijos en función de la entrada en vigencia de una ley.

Estima que de aplicársele la norma impugnada se podría vulnerar las garantías constitucionales de la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y su justa retribución, e igualmente el artículo 7° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece un conjunto de garantías sobre protección de las remuneraciones y del descanso de los trabajadores.

El tribunal requirente estima que la aplicación del precepto impugnado afecta las garantías constitucionales de las partes de la gestión, en específico la de la igualdad ante la ley, al establecer cargas probatorias más gravosas para los matrimonios contraídos con posterioridad a la vigencia de la precitada ley.

Frente a esta decisión administrativa, los requirentes interpusieron recurso de reposición, reconsideración y modificación, el cual fue rechazado. Ante esta situación los requirentes dedujeron acción de protección en contra de la decisión original del órgano administrativo, el que se encuentra en estado de relación, con vista pendiente de la causa.

La parte requirente estima que la aplicación de la norma cuestionada afecta sus garantías constitucionales, en específico, sus derechos a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, el derecho al recurso y la igualdad ante la ley, en la medida que solicitará la exclusión de prueba y que no podrá apelar de lo resuelto, cosa que el ente persecutor sí podrá impugnar.

Un contribuyente solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, los artículos 6°, letra B), N° 6; 21, inciso primero; 115 y 60, inciso primero, del Código Tributario; artículo 19, letra b) de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos y de la primera oración del inciso primero del artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a […]

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 492 inciso 1° del Código Penal.La norma impugnada dispone: “Las penas del artículo 490 se impondrán también respectivamente al que, con infracción de los reglamentos y por mera imprudencia o negligencia, ejecutare un hecho o incurriere en una omisión que, a mediar malicia, constituiría un crimen o […]