El requirente alega que la aplicación del precepto en el caso concreto infringe su garantía a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.
El requirente estima que la fijación del mínimo de la subasta resulta desproporcionada, vulnerando sus derechos de igualdad ante la ley y de propiedad.
El requirente alega que se extiende la persecución penal más allá de lo que la Constitución permite, vulnerando su derecho a la seguridad jurídica y el debido proceso.
El requirente alega que la aplicación de los preceptos en el caso concreto, producen efectos inconstitucionales.
El requirente alega que la aplicación del precepto en el caso concreto trasgrede su garantía a un debido proceso.
El requirente alega que la aplicación del precepto impugnado transgrede su derecho a desarrollar libremente una actividad económica, la libertad del trabajo y produce efectos inconstitucionales en el caso concreto.
El requirente alega que la disposición impugnada transgrede las garantías de igualdad ante la ley y debido proceso.
El requirente alega que la imposibilidad de apelar resoluciones dictadas en el procedimiento de cobranza produce efectos inconstitucionales en la gestión pendiente.
El requirente alega que se vulnera su derecho a la acción penal y el debido proceso.
El requirente alega que se le sanciona dos veces por el mismo hecho, lo que infringe los principios de non bis in ídem y de proporcionalidad.
