Normas que impiden obtener bonificación a la contratación de mano de obra a empleadores que incurran en prácticas antisindicales o infrinjan derechos fundamentales del trabajador, se pide declararlas inaplicables al Tribunal Constitucional.
La Corporación Municipal estima que los preceptos legales invocados imponen una sanción que no se ajusta al principio de proporcionalidad y asimismo vulnera la garantía del debido proceso.