La Corte le ordenó a la Municipalidad no innovar y suspender mientras se ve el recurso de protección lo resuelto en orden a dejar sin efecto la no renovación de una contrata.
La fórmula de cobro que establece el precepto legal impugnado importa una verdadera expropiación, sin que exista un real fundamento para dicho fin.
La requirente alega que a pesar de que pueda obtener un resultado favorable en el recurso de apelación, este pierde toda eficacia, si se producen perjuicios que se generan por la ejecución de la sentencia de primera instancia.
En la práctica, se estaría excluyendo al querellante y lesionando del derecho que tiene a ejercer una acción penal que disienta con la del ente persecutor.
El tipo penal es abierto y no cumpliría el estándar constitucional que el principio de legalidad exige.
No obstante haberse deducido recursos jurisdiccionales, se sigue devengando una deuda previsional y demás prestaciones laborales, lo cual infringe el debido proceso.
El legislador ya ha reconocido que las aplicaciones de conexión telemática para actuaciones procesales (audiencias, alegatos) deben regularse solo en una ley y no en un Auto Acordado.
La obligación de un pago previo constituiría una limitación al ejercicio del derecho a la defensa del requirente.
El actuar de la Tesorería no satisface las exigencias mínimas de un procedimiento racional y justo, porque no le permite al supuesto deudor ejercitar otro medio de defensa que no sea la prueba del pago de la obligación.
Esta exigencia impacta en la posibilidad de postores que pueden presentarse en la misma, reduciendo las posibilidades de más postores que aumenten el precio de remate.
