Al rechazarse la petición de cambio de nombre, a fin de que pueda recuperar y reestablecer su identidad, por el solo hecho de haberlo cambiado antes, se afecta la integridad síquica, bien jurídico que supone la plenitud moral de una persona.

La requirente se querelló en contra de una persona por uso malicioso de instrumento público falsificado.

Se infringiría la igualdad ante la ley y el debido proceso, toda vez que este tipo de actuaciones de video conferencia agravan los problemas que se producen en la subasta de un bien raíz, debido a la colusión de los postores que resulta incontrolable mediante la interconexión.

Se establecería un trato diferenciado respecto de ciertos médicos autorizados para ejercer en Chile, sin ninguna razón lógica que justifique tal distinción.

La requirente aduce que la realización de un juicio a través de videoconferencia afecta el debido proceso, el derecho a la defensa y la igualdad ante la ley.

Se infringiría el debido proceso, pues el monto de la deuda sigue abultándose por hechos no imputables a los requirentes.

Esto, a propósito de una reciente sentencia del TC que declaró inaplicable esta norma en una gestión pendiente en una demanda de divorcio por culpa, seguida ante el Juzgado de Familia de Coquimbo, en la que se solicitó el término del vínculo matrimonial por uno de los cónyuges, ante el descubrimiento de conductas homosexuales del otro.

El principio de proporcionalidad es vulnerado si se considera que el monto de la deuda por concepto de prestaciones laborales que se determinó en favor de la ex trabajadora por el término de su contrato fue de $7.941.180, y que luego se haya liquidado la deuda asociada a la nulidad de despido por $25.032.095, que fueron percibidos por la demandante, sin que ella haya prestado servicio durante ese tiempo.

Esto, en el marco de diferentes acciones legales presentadas por Eduardo Frei en contra de su hermano, Francisco, quien habría realizado una serie de estafas al administrar fraudulentamente dicha sociedad.

Si el órgano persecutor fiscal se niega a formalizar la investigación y, como en la gestión pendiente, comunica su decisión de no perseverar en la investigación del delito, el querellante se ve imposibilitado de continuar con su acción penal.