El municipio de Calama estima que las normas impugnadas infringen los principios de supremacía constitucional, juridicidad, el debido proceso, entre otras garantías constitucionales.

La Universidad de Chile alega que la aplicación de los preceptos impugnados vulnera el principio de servicialidad del Estado, además de las garantías de igualdad ante la ley, debido proceso y propiedad.

La requirente estima que el impedimento impuesto por la norma impugnada es atentatorio contra su garantía a un debido proceso e igualdad ante la ley.

La requirente estima que la facultad del acreedor de poder adjudicarse el bien embargado con una importante rebaja del valor de éste, afecta de manera desproporcionada y arbitraria su patrimonio.

La requirente alega que la aplicación de los preceptos impugnados vulnera su garantía de igualdad ante la ley, debido proceso y seguridad jurídica.

La requirente estima que los preceptos legales cuestionados atentan contra la prohibición de prisión por deudas y sus garantías a un debido proceso, propiedad y no afectación de los derechos en su esencia.

La requirente alega que se regía por las normas especiales de las Fuerzas Armadas vigentes hasta el 28 de enero del 2022, por lo que no le corresponde responder en sede laboral asumiendo cargas y obligaciones desproporcionadas.

El requirente alegó que se le aplica una sanción múltiple que tiene efectos desproporcionados y atentatorios a su derecho de propiedad, entre otras vulneraciones a garantías constitucionales.

El requirente alega que los preceptos legales impugnados vulneran sus garantías de igualdad ante la ley, debido proceso y propiedad.

El requirente alega que la restricción recursiva lo deja sin la posibilidad de controvertir una sentencia viciosa, lo que vulnera su garantía a un debido proceso e igualdad ante la ley.