La suspensión del derecho a sufragio debió haber provenido de una autorización judicial previa y no como consecuencia de una actuación administrativa realizada de oficio por el Tribunal.
Se elimina todo límite a la transparencia estatal, resultando muy complejo encontrar algún dato o antecedente que no sea público, si es que obra en poder de la Administración.
Carece de fundamento plausible.
Se generan diferencias arbitrarias tanto al imponer la obligación solidaria de cumplir obligaciones contenidas en contratos colectivos en que requirente no participó, como al forzar la negociación con sindicatos que agrupen a trabajadores de cualquiera de las empresas, debiendo respetar el piso mínimo de sus propios contratos colectivos.
El precepto impugnado indica que las disposiciones de esta ley sólo se aplicarán a las causas iniciadas con posterioridad a su entrada en vigencia.
Se le impide a la víctima el acceso a un procedimiento racional y justo seguido ante un órgano jurisdiccional.
Desvinculó a un trabajador de forma discriminada motivada en la opinión política del demandante en la gestión pendiente.
Los requirentes habrían promovido y perdido dos incidentes en el mismo juicio.
La norma objetada carece de parámetros que permitan determinar cuándo se está ante el incremento patrimonial “relevante” e “injustificado” al que se refiere, y prescinde además en términos absolutos de la descripción de conductas concretas.
Se transgrede el principio de servicialidad, por cuanto los efectos que la sanción produciría sobre terceros debilitarían la capacidad del Estado para atender las necesidades sociales, con afectación de los derechos fundamentales de esos terceros.
