El requirente acusa que la aplicación del precepto legal la priva del ejercicio de su derecho a accionar, a la tutela judicial efectiva, a la igualdad ante la ley, contraviene los principios tributarios de legalidad, igualdad, justicia y capacidad contributiva, a su derecho de propiedad, entre otras garantías constitucionales.

La requirente estima que la norma objetada vulnera su garantía de igualdad ante la ley, el derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, el derecho a defensa jurídica y a la no afectación de los derechos en su esencia.

El requirente alega que la aplicación de la norma vulnera la garantía de la igualdad ante la ley, la prohibición de discriminación arbitraria, el principio de proporcionalidad y la garantía de la seguridad jurídica.

El requirente alega que la aplicación de la norma vulnera la garantía de la igualdad ante la ley, la prohibición de discriminación arbitraria, el principio de proporcionalidad y la garantía de la seguridad jurídica.

La requirente estima que la limitación a su derecho al recurso produce diversos efectos inconstitucionales.

La requirente estima que las normas impugnadas producen, entre otras consecuencias inconstitucionales, su total indefensión procesal.

El requirente alega que las disposiciones legales cuestionadas, de ser aplicadas, comprometen su derecho a defensa, debido proceso y transgreden la Convención Americana de Derechos Humanos.

El requirente estima que las normas objetadas, aplicadas al caso concreto, resultan contrarias a su garantía a un debido proceso y propiedad privada.

El requirente alega que la disposición le impide arbitrariamente ejercer sus derechos constitucionales respecto de los terrenos afectos.

Los requirentes estiman que la restricción establecida en la norma impugnada los posiciona en un estado de indefensión procesal.