El requirente estima que la exigencia de buena conducta no contiene parámetros objetivos y da pábulo a una total discriminación lo que vulnera las garantías constitucionales que invoca.

El requirente alega que se lo imposibilita de perseguir penalmente un delito del que fue víctima, afectándose sus garantías constitucionales.

La requirente estima que se vulnera su facultad de interponer recursos y, en consecuencia, su garantía constitucional a un debido proceso.

El requirente alega que la restricción recursiva no tiene justificación alguna y vulnera su derecho al debido proceso.

El requirente alega que no se le permite controvertir una decisión arbitraria y desproporcionada, lo que vulnera sus garantías al debido proceso y propiedad.

El requirente estima que no existen parámetros objetivos para determinar el monto, lo que vulnera la garantía de igualdad ante la ley y el debido proceso.

El requirente alega que la sanción aplicada resulta arbitraria y desproporcionada, vulnerando sus garantías constitucionales.

El requirente estima que no permitírsele controvertir una ejecución improcedente, se vulnera el debido proceso.

El requirente estima que se vulnera su garantía constitucional al debido proceso.

El requirente alega que no se le permite controvertir un documento que carece de veracidad, lo que vulnera la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad.