El requirente alega que se le impide, sin justificación suficiente, solicitar que un tribunal superior conozca sobre una cuestión de fondo, afectando su garantía al debido proceso.
El requirente sostiene que se le aplica de plano una sanción desproporcionada, vulnerando sus garantías constitucionales.
El requirente alega que se le aplica una sanción automática por conductas que no le son imputables, vulnerándose sus garantías constitucionales.
El requirente alega que no puede terminar con un procedimiento dilatado en exceso por la negligencia del demandante, vulnerándose sus garantías constitucionales.
El requirente alega que la restricción recursiva lo deja sin la posibilidad de controvertir una sentencia viciosa, vulnerando el debido proceso y la igualdad ante la ley.
El requirente alega que la restricción recursiva afecta gravemente la garantía del debido proceso.
El requirente alega que la autoridad ambiental tomó una determinación carente de razón sin que haya podido presentarse oposición alguna, afectando gravemente su patrimonio.
El requirente estima que no tiene relación comercial y laboral con el resto de las empresas objeto de la demanda, por lo que se le imponen cargas excesivas de manera arbitraria.
El requirente alega que se le impide objetar una tasación injusta, lo que vulnera la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad.
El requirente alega que genera una discriminación arbitraria y vulnera la igual protección ante la ley, el acceso a un procedimiento racional y justo, y su derecho de propiedad.
