El requirente estima que no puede controvertir una sanción injusta y desproporcionada, lo que vulnera sus garantías constitucionales.
El requirente alega que se infringe su derecho a un procedimiento y una investigación racionales y justos, al trabajo, y el principio de proporcionalidad de las penas.
El requirente alega que imponerle la carga de probar un hecho negativo es excesiva y vulnera sus garantías de igualdad ante la ley y debido proceso.
El requirente sostiene que se le aplica una sanción injusta que no puede impugnar, vulnerándose sus garantías constitucionales.
El requirente alega que la restricción recursiva no tiene fundamento alguno y afecta su garantía de igualdad ante la ley y el debido proceso.
El requirente alega que se le ha negado la posibilidad de presentar prueba y defenderse en el procedimiento llevado en su contra, afectando su garantía al debido proceso.
El requirente alega que se infringe su derecho de acceso a la información pública, y con ello la igualdad ante la ley y el debido proceso.
Las requirentes alegan que se vulnera su derecho a defensa.
El requirente alega que se le priva de su derecho a la acción penal sin un control judicial previo, vulnerando su garantía al debido proceso.
La requirente alega que no puede defenderse de una ejecución que contraviene un derecho adquirido en procedimiento de familia, afectando sus garantías constitucionales.
