El TC no acogió a tramite la impugnación al observar que el requerimiento deducido, en el hecho, importa un recurso que intenta dejar sin efecto una sentencia interlocutoria que había declarado inadmisible una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentada con anterioridad que fue declarada inadmisible. La sentencia razona que en esta oportunidad se impugna el […]

«Tal asunto –dice el fallo- no es de aquellos que le corresponde conocer y resolver al TC en sede de una acción de inaplicabilidad, pues lo denunciado es una colisión de normas que se produciría no con un precepto determinado de la Carta Fundamental, sino entre los preceptos del Código Civil que se reprochan y las disposiciones de los tratados internacionales que se invocan…»

Se solicitó declarar inaplicable por inconstitucional los artículos 23, inciso primero, y 24, inciso primero, del DL Nº 3.063 –Ley de Rentas Municipales-, en relación a un juicio ejecutivo de que conoce la Corte de Santiago en sede de un recurso de apelación.El requerimiento no fue acogido a tramitación, al concluir el TC que aquél […]

El requirente indica que el juicio referido corresponde a varias decenas de denuncias infraccionales y demandas de indemnización de perjuicios que han sido deducidas en contra del Instituto Profesional de Chile S.A. por alumnos de las carreras de Investigación Criminalística y Peritaje Judicial, y también por el Sernac.

El efecto inconstitucional que se alega se produciría al impedírsele a la requirente impugnar la sentencia de segunda instancia por medio del recurso de casación, lo que infringiría la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos.

La acción no fue acogida a trámite al verificar el TC que la gestión en la cual incide el requerimiento se encuentra afinada por haberse dictado en ella sentencia definitiva ejecutoriada y no existir ya una gestión pendiente.

En mérito de las respuestas ofició al JG a fin de que informara acerca de la existencia y naturaleza de las gestiones pendientes en dicha causa.

El requirente, dentro de tercero día y en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 41 de la citada normativa, procedió a transcribir el texto íntegro del requerimiento que había deducido, “debidamente corregido” según expresó, y pidió al TC tener por subsanados los defectos representados y, en consecuencia, dar curso a la acción.

Razonó que acoger a trámite el requerimiento significaría dejar sin efecto una sentencia interlocutoria dictada en un proceso anterior incoado por la misma requirente.

El requerimiento se funda en que las disposiciones objetadas solo otorgan carácter informativo a la audiencia que se debe dar al deudor en relación a la solicitud de quiebra y privan a éste de su derecho a defensa, al impedirle hacer alegaciones y promover algún incidente.