La impugnante alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y el debido proceso, desde que al restringirse la posibilidad de interponer un recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva, se le impide que un tribunal superior jerárquico revise la sentencia propiamente tal, en cuanto la sentencia anterior fue anulada por un vicio ocurrido en la audiencia de juicio a instancia del demandante.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y el debido proceso, desde que no obliga a notificar personalmente en el domicilio del contribuyente, en cuanto permite que se lleve a cabo en un inmueble que no es residencia, ni lugar de ocupación de profesión u oficio, y que en su caso es un sitio eriazo.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe el debido proceso y el principio de seguridad jurídica, desde que la querella fue interpuesta cuatro años y siete meses antes de la fecha fijada para la audiencia de formalización.

El requirente alega que las normas legales objetadas infringen la igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho de la víctima a perseguir el imputado, desde que con ocasión de que la Fiscalía decidió cerrar la investigación y, con ello, comunicar la decisión de no perseverar en el procedimiento sin que se haya formalizado al imputado, se le impide a la querellante presentar acusación particular en igualdad de condiciones que el Ministerio Público.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y el debido proceso, desde que a pesar de que el tribunal sólo excluyó la prueba presentada por la defensa y no la de Fiscalía y de la parte querellante, no puede apelar.

La capitalización de intereses, tendiente a incentivar el pago oportuno de las cotizaciones previsionales, no ha resultado útil para la consecución de dicho objetivo y se vuelve desproporcionada y, más todavía, contraproducente, pues tampoco motiva el cobro por parte de la ejecutante, como se aprecia de la duración del proceso sub lite, resultando su aplicación contraria a lo dispuesto en el artículo 19 N° 2° y N° 3° de la Constitución en relación con sus artículos 6° y 7°, señala el voto disidente.

El requirente alega que las normas legales objetadas infringen la igualdad ante la ley y el debido proceso, desde que de manera arbitraria se le impide recurrir de casación a diferencia de lo que ocurre si se trata de demandas colectivas por infracciones a la misma ley de derechos del consumidor.

La requirente alega que la norma legal objetada infringe el debido proceso, desde que ha sido suspendida de sus funciones al momento en que fue notificada del procedimiento administrativo, no pudo defenderse de manera adecuada, en cuanto no tuvo el oportuno conocimiento de la sanción, la que, por cierto, resulta anticipada y carente de fundamentos.

El requirente alega también que las normas legales objetadas infringen los principios de non bis in idem, la prohibición de enriquecimiento injusto y el de proporcionalidad, el derecho al debido proceso y el derecho de propiedad, desde que la deuda por cotizaciones previsionales original se ha transformado en un monto millonario al liquidarse aplicándose intereses sobre intereses.

La impugnante alega que la norma legal objetada infringe el derecho a un procedimiento racional y justo, y al debido proceso, desde que a pesar de que han transcurrido cerca de 8 años desde la última gestión útil, no puede alegar el abandono del procedimiento, lo cual resulta desproporcionado y arbitrario, y en contra de esta resolución no se concede recurso de apelación para que dicha incidencia sea conocida o resuelta por la Corte de Apelaciones.