El requirente alega que se infringe el principio de irretroactividad de la ley en materia penal.
Iniciativa fue promulgada el pasado viernes 25 de marzo por el Presidente de la República y recientemente publicada en el Diario Oficial.
El requirente estima que la exigencia de buena conducta no contiene parámetros objetivos y da pábulo a una total discriminación lo que vulnera las garantías constitucionales que invoca.
El requirente alega que se vulnera su garantía al debido proceso, puesto que la disposición no contempla una forma de ejecutar las resoluciones adoptadas en su contra.
El requirente alega que se lo imposibilita de perseguir penalmente un delito del que fue víctima, afectándose sus garantías constitucionales.
La requirente estima que se vulnera su facultad de interponer recursos y, en consecuencia, su garantía constitucional a un debido proceso.
El requirente alega que la restricción recursiva no tiene justificación alguna y vulnera su derecho al debido proceso.
El requirente alega que la limitación no tiene fundamento racional y vulnera sus garantías constitucionales.
La requirente estima que se vulneran los principios de proporcionalidad, culpabilidad y responsabilidad personal, y las garantías constitucionales del debido proceso e igualdad ante la ley.
El Pleno emitirá pronunciamiento sobre la constitucionalidad de las normas del proyecto que regulen materias propias de ley orgánica constitucional.
