Una vez que se cumpla lo ordenado, la Magistratura Constitucional deberá pronunciarse sobre el fondo de la impugnación y resolver si los decretos adolecen o no de los vicios de inconstitucionalidad denunciados.

El requirente alegó que el precepto legal impugnado contradice la Constitución en cuando concede el recurso de apelación contra la resolución que niega el desafuero, vulnerando además el debido proceso.

La requirente estima que las normas impugnadas producen, entre otras consecuencias inconstitucionales, su total indefensión procesal.

El requirente alega que las disposiciones legales cuestionadas, de ser aplicadas, comprometen su derecho a defensa, debido proceso y transgreden la Convención Americana de Derechos Humanos.

Las infracciones a la LGUC, a su ordenanza general e instrumentos de planificación territorial se sancionan con multa, a beneficio municipal, no inferior a un 0,5% ni superior al 20% del presupuesto de la obra.

El requirente estima que constituyen organizaciones políticas no toleradas por la Constitución.

Cadena farmacéutica estima que las normas objetadas vulneran la garantía del debido proceso y propiedad, permitiendo al organismo administrativo constituirse en una “comisión especial” que autotutela sus intereses.

La requirente estima que la limitación a su derecho al recurso produce diversos efectos inconstitucionales.

El requirente estima que las normas objetadas, aplicadas al caso concreto, resultan contrarias a su garantía a un debido proceso y propiedad privada.

El requirente alega que la disposición le impide arbitrariamente ejercer sus derechos constitucionales respecto de los terrenos afectos.