El requirente alega que se vulnera la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y el derecho de propiedad.

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Los requirentes alegan que se pretende asimilar la calidad del sujeto activo en el delito de Fraude al Fisco a quienes no tienen la calidad de funcionario público, lo que vulnera el debido proceso y la igualdad ante la ley.

La requirente alegó que se vulnera la autonomía municipal al obligársele por el juez a reincorporar a un funcionario a contrata y que tal prerrogativa no le ha sido conferida expresamente a los tribunales de justicia.

El requirente alega que el precepto legal impugnado establece sanciones extremadamente gravosas y no atiende a las circunstancias del caso particular, lo que vulnera la igualdad ante la ley, el debido proceso, entre otras garantías constitucionales.

Los requirentes estiman que la aplicación de estos preceptos legales produce diversos efectos inconstitucionales.

La requirente sostiene que la ausencia de regulación sobre el rechazo de diligencias probatorias produce su indefensión, transgrediéndose su garantía a un debido proceso.

El derecho de impugnación no alude a un recurso en específico. La decisión de sustituir o modificar el sistema de acciones y recursos es un asunto que −en principio− debe ser decidido por el legislador dentro del marco de la deliberación democrática. Si no proceden otros recursos ni ordinarios ni extraordinarios, siempre la sentencia será recurrible por vía del Recurso de Queja argumentando que ha habido falta o abuso grave en su dictación.

Del requerimiento queda de manifiesto que el supuesto efecto inconstitucional denunciado no se deriva de la aplicación del artículo 34 de la Ley N°18.216, en su parte impugnada, sino de los artículos 127 o 128 de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería que, en todo caso, estarían destinados a ser aplicados en un procedimiento administrativo futuro y eventual, por lo que solo cabe omitir el pronunciamiento a su respecto.

La Magistratura desestimó la cuestión de constitucionalidad promovida por el Diputado Mathenson. Los Ministros Letelier y Vásquez estuvieron por declarar inconstitucional la totalidad del proyecto, con excepción de dos artículos