No se advierte vulneración al derecho a la educación y al derecho de propiedad, en los términos denunciados por la requirente.

El requirente estima que la distinción no encuentra justificación alguna y vulnera sus derechos de igualdad ante la ley y de protección al empleo.

Los preceptos impugnados amplían excesivamente el acceso a la información, considerando como pública información que no lo es, e infringen la garantía constitucional del debido proceso.

El requirente alega que se le ha negado la posibilidad de presentar prueba y defenderse en el procedimiento llevado en su contra, afectando su garantía al debido proceso.

Vulneran la garantía constitucional a un proceso racional y justo.

El requirente alega que se infringe su derecho de acceso a la información pública, y con ello la igualdad ante la ley y el debido proceso.

Las requirentes alegan que se vulnera su derecho a defensa.

No resulta compatible con el respeto a las exigencias de un justo y racional juzgamiento.

El requirente alega que la restricción no encuentra fundamento razonable, infringiendo sus derechos a la igualad ante la ley, debido proceso y propiedad.

La Notario requirente estima que la sanción establecida es desproporcionada y carente de razón, lo que afecta gravemente sus garantías constitucionales.