Según la sanción, podría promoverse –y quizás imitarse- un modelo de conducta de carácter negativo, pudiendo afectar con ello la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud.

El precepto impugnado no es decisivo en la resolución del asunto concernido en la gestión judicial invocada y no se encuentra fundado razonablemente.

El precepto impugnado indica que las disposiciones de esta ley sólo se aplicarán a las causas iniciadas con posterioridad a su entrada en vigencia.

Se le impide a la víctima el acceso a un procedimiento racional y justo seguido ante un órgano jurisdiccional.

El conocimiento y decisión acerca del recurso jerárquico incorporado al Código Tributario corresponde al ejercicio de la función administrativa, sin que, con ello, se adopte una determinación con efecto de cosa juzgada, sino que resulta ser susceptible de impugnación ante la judicatura especializada.

La Magistratura Constitucional en Pleno emitirá pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

Para que se pueda sancionar por estos delitos hace falta que el sujeto sepa que está contagiado o tenga indicios de ello.

Los requirentes solicitaron el servicio de alcantarillado para cinco inmuebles que les pertenecen. La solicitud se hizo a la empresa Esval S.A. que es la concesionaria de servicios sanitarios, la que, para prestarlo, puso condiciones que los requirentes estimaron abusivas e ilegales.

Las Diputadas y Diputados requirentes sostienen que se vulneraría el derecho preferente de los padres a la educación de sus hijos y la libertad de enseñanza.

Se transgrede el principio de servicialidad, por cuanto los efectos que la sanción produciría sobre terceros debilitarían la capacidad del Estado para atender las necesidades sociales, con afectación de los derechos fundamentales de esos terceros.