Resulta más bien un problema de interpretación y de determinación de preceptos legales aplicables al caso sub judice y no propiamente un problema de conflicto entre un precepto legal y la Constitución Política.

Se condenó a la Universidad en virtud de que desvinculó a un trabajador de forma discriminada motivado en su opinión política.

Se elimina todo límite a la transparencia estatal, resultando muy complejo encontrar algún dato o antecedente que no sea público, si es que obra en poder de la Administración.

La empresa expone que el Juzgado de Letras de Castro tuvo por no presentado escrito de excepciones en virtud del incumplimiento de una condición que el mismo tribunal determinó, lo que sería incompatible con el principio de juridicidad de los artículos 6° y 7° de la Constitución.

Carece de fundamento plausible.

Se generan diferencias arbitrarias tanto al imponer la obligación solidaria de cumplir obligaciones contenidas en contratos colectivos en que requirente no participó, como al forzar la negociación con sindicatos que agrupen a trabajadores de cualquiera de las empresas, debiendo respetar el piso mínimo de sus propios contratos colectivos.

Según la sanción, podría promoverse –y quizás imitarse- un modelo de conducta de carácter negativo, pudiendo afectar con ello la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud.

El precepto impugnado no es decisivo en la resolución del asunto concernido en la gestión judicial invocada y no se encuentra fundado razonablemente.

El precepto impugnado indica que las disposiciones de esta ley sólo se aplicarán a las causas iniciadas con posterioridad a su entrada en vigencia.

Se le impide a la víctima el acceso a un procedimiento racional y justo seguido ante un órgano jurisdiccional.