CC de Colombia declaró inconstitucional atribución del Gobierno Nacional para reglamentar el procedimiento de la cesión de contratos estatales por casos de corrupción.
La Magistratura constitucional colombiana adujo que el sistema de información del ente acusador desconocía el régimen de protección de datos personales, específicamente, el principio de veracidad, según el cual la información recopilada debe ser completa, exacta y compresible.