La gestión pendiente incide en autos sobre el recurso de casación en el fondo, seguido ante la Corte Suprema.
La Magistratura Constitucional señala que el artículo 495, del Código del Trabajo, se constituye como complemento indispensable para la aplicación de la inhabilidad de contratar, pues se relaciona con la materialización de la misma, por parte de la Administración del Estado.
Los Ministros Pozo y Pica previenen que estuvieron por acoger el requerimiento teniendo en consideración sólo factores facticos en base a que la actora constitucional realiza múltiples actividades relevantes habiéndose convertido, en la práctica, en socio estratégico para el Estado.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
La Magistratura constitucional de Brasil adujo que, en un estado de derecho, pocas cosas son tan graves como la falta de respeto a una decisión judicial, especialmente una decisión del Plenario del STF.
La Magistratura colombiana adujo que, el Acuerdo, al establecer el Instituto Global para el Crecimiento Verde como un organismo internacional dirigido a promover el desarrollo sostenible de los países en desarrollo y emergentes, materializa los postulados constitucionales de ese país.
Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de hecho, seguido ante la Corte Suprema.
Esta enmienda fue adoptada con el objetivo de reducir el consumo y la producción de los hidrofluorocarbonos, pues se ha demostrado que estas sustancias son gases de efecto invernadero que tienen una incidencia negativa importante en el calentamiento global.
Joaquim Torra, fue condenado por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), por un delito de desobediencia y confirmada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en sentencia de 28 de septiembre de 2020.
