El requirente alega que la norma legal objetada infringe los principios de tipicidad, culpabilidad y el debido proceso, desde que no existe una descripción de la conducta que justifique la imposición de la multa diaria que consagra la norma, por lo que no puede formularse un reproche de culpabilidad en su contra por el incumplimiento de la orden, menos si no hubo un procedimiento administrativo sancionador previo y legalmente tramitado.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el principio de proporcionalidad, el debido proceso y el derecho de propiedad, desde que, a pesar de tenerse por establecido que los bienes son de su propiedad, y que no tiene participación alguna en el delito, la sentencia dictada en contra de los imputados decretó el comiso de los vehículos utilizados en los hechos delictuales.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe los principios de servicialidad, de reserva legal en materia tributaria, el derecho a tributos justos, como también el derecho a que los beneficios que defina el legislador sean siempre razonables, desde que le genera una situación tributaria desproporcionada e injusta, en cuanto paga más de lo que debe.

La requirente sostiene que la norma legal impugnada vulnera la igualdad ante la ley y el derecho a un procedimiento racional y justo, desde que, el llamado a conciliación no puede ser considerado como la última gestión útil, sino que debe tenerse en cuenta la solicitud de nuevo día y fecha para dicha audiencia.

La requirente sostiene que la norma legal impugnada vulnera el derecho a un procedimiento racional y justo, particularmente el debido proceso, desde que a pesar de que la contraparte había cumplido la anticipación de dos días para anunciar el alegato por vía remota, y con ello encontrarse los medios en el tribunal para escuchar los alegatos por esa vía, se le privó el derecho de recurrir el fallo por haberse anunciado el día anterior de la vista de la audiencia.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe el derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica, desde que, al establecerse una nueva causal de extinción del dominio de las concesiones mineras, la que, por cierto, no está contemplada en la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, se le priva ilegítimamente del dominio que tiene sobre sus pertenencias mineras.

Vulnera los derechos a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, a la defensa jurídica y al debido proceso legal, en su vertiente, del derecho al recurso.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso, la presunción de inocencia y los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica, desde que, a diferencia del Código de Procedimiento Civil, en el que se regula en forma detallada los requisitos para que el tribunal acceda a medidas cautelares, el precepto impugnado sólo exige que la víctima acredite su dominio con un certificado para tal efecto.

El D.L. N° 2.695 ofrece un método equilibrado para resolver conflictos entre la posesión inscrita y la material, respetando así los principios constitucionales, siendo un mecanismo justo y necesario para abordar situaciones donde la posesión material no está reflejada en los registros formales, protegiendo a los poseedores materiales que, a pesar de no tener una posesión inscrita, han mantenido un control efectivo sobre la propiedad.

La exclusión de prueba es una resolución de enorme importancia para el resultado de un juicio, que es expedida por un juez unipersonal, sobre la base de parámetros flexibles o poco precisos, y en que está en juego la libertad de una persona. Por ello garantizar la oportunidad de recurrir de apelación para que se revise dicha determinación judicial y minimizar el riesgo de error es una exigencia de racionalidad y justicia, razona el voto por acoger.