Tribunal Constitucional

Requerimiento de inaplicabilidad.

Ex Director de la PDI, Héctor Espinosa, impugna nuevamente norma que le impide apelar el auto de apertura por exclusión de prueba por juez de garantía ante el Tribunal Constitucional.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y el debido proceso, desde que a pesar de que el tribunal sólo excluyó la prueba presentada por la defensa y no la de Fiscalía y de la parte querellante, no puede apelar.

23 de enero de 2024
Requerimiento de inaplicabilidad rechazado con votos en contra

Normas que establecen los reajustes, intereses y multas que se debe aplicar a las deudas por cotizaciones previsionales, no producen resultados contrarios a la Constitución

La capitalización de intereses, tendiente a incentivar el pago oportuno de las cotizaciones previsionales, no ha resultado útil para la consecución de dicho objetivo y se vuelve desproporcionada y, más todavía, contraproducente, pues tampoco motiva el cobro por parte de la ejecutante, como se aprecia de la duración del proceso sub lite, resultando su aplicación contraria a lo dispuesto en el artículo 19 N° 2° y N° 3° de la Constitución en relación con sus artículos 6° y 7°, señala el voto disidente.

22 de enero de 2024
Con suspensión.

Requerimiento de inaplicabilidad que impugna norma que impide recurrir de casación en los juicios de Policía Local, se acogió a trámite para resolver sobre su admisibilidad por el Tribunal Constitucional.

El requirente alega que las normas legales objetadas infringen la igualdad ante la ley y el debido proceso, desde que de manera arbitraria se le impide recurrir de casación a diferencia de lo que ocurre si se trata de demandas colectivas por infracciones a la misma ley de derechos del consumidor.

22 de enero de 2024
Requerimiento de inaplicabilidad.

Norma que permite al Fiscal en el curso de un sumario administrativo suspender al funcionario municipal como medida preventiva, se impugna ante el Tribunal Constitucional.

La requirente alega que la norma legal objetada infringe el debido proceso, desde que ha sido suspendida de sus funciones al momento en que fue notificada del procedimiento administrativo, no pudo defenderse de manera adecuada, en cuanto no tuvo el oportuno conocimiento de la sanción, la que, por cierto, resulta anticipada y carente de fundamentos.

22 de enero de 2024
Requerimiento de inaplicabilidad se acoge a trámite con suspensión.

Norma que impide apelar sentencia definitiva dictada en juicio de cobranza laboral por no pago de cotizaciones previsionales si no se consigna previamente el total de lo adeudado, se impugna ante el Tribunal Constitucional.

El requirente alega también que las normas legales objetadas infringen los principios de non bis in idem, la prohibición de enriquecimiento injusto y el de proporcionalidad, el derecho al debido proceso y el derecho de propiedad, desde que la deuda por cotizaciones previsionales original se ha transformado en un monto millonario al liquidarse aplicándose intereses sobre intereses.

22 de enero de 2024
Requerimiento de inaplicabilidad.

Norma que impide apelar resoluciones dictadas en procedimientos sobre títulos ejecutivos laborales, se impugna ante el Tribunal Constitucional.

La impugnante alega que la norma legal objetada infringe el derecho a un procedimiento racional y justo, y al debido proceso, desde que a pesar de que han transcurrido cerca de 8 años desde la última gestión útil, no puede alegar el abandono del procedimiento, lo cual resulta desproporcionado y arbitrario, y en contra de esta resolución no se concede recurso de apelación para que dicha incidencia sea conocida o resuelta por la Corte de Apelaciones.

21 de enero de 2024
Requerimiento de inaplicabilidad.

Norma que exige consignación previa para promover nuevo incidente luego de haber perdido dos o más en el mismo juicio, se impugna ante el Tribunal Constitucional.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe el derecho a un procedimiento racional y justo, al debido proceso, desde que las sentencias que rechazaron los incidentes previos no se encuentran firmes y ejecutoriadas, y habiéndose cumplido los requisitos para declarar abandono del procedimiento promovió este incidente que se tuvo por no interpuesto y por extinguido el derecho a promoverlo nuevamente por no consignar.

21 de enero de 2024
Requerimiento de inaplicabilidad rechazado con voto disidente

La sola acusación por delito que merece pena aflictiva no basta para entender suspendido el derecho a sufragio, se requiere que el auto de apertura del juicio oral se encuentre firme o ejecutoriado

La ley suspende al alcalde en el ejercicio de su cargo cuando ha sido acusado por delito que merezca pena aflictiva lo que constituye una consecuencia que el legislador ha podido incorporar, precisamente, en resguardo del régimen democrático y del principio de probidad, consecuencia que queda debidamente cautela con la intervención del Juez de Garantía que resuelve sobre el auto de apertura de juicio oral.

20 de enero de 2024
Requerimiento de inaplicabilidad rechazado con votos en contra.

Normas que establecen que las deudas por cotizaciones previsionales generan intereses sobre intereses se aplican al Fisco, no producen resultados contrarios a la Constitución.

Capitalizar ahora los intereses conlleva la imposición de una carga desmesurada que grava el patrimonio del Fisco que no provocó -ni podía hacerlo- el incentivo de enterar las cotizaciones durante la vigencia de la relación a honorarios, dado el estatuto jurídico que la regía, hasta la decisión judicial sobreviniente que resolvió –ex post- que se trataba de una relación laboral, lo que produce resultados contrarios al principio de proporcionalidad, señala el voto disidente.

19 de enero de 2024
Requerimiento de inaplicabilidad.

Norma que impide al querellante forzar acusación si no hubo formalización, se impugna ante el Tribunal Constitucional.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la tutela judicial efectiva, particularmente el derecho a ejercer la acción penal y el derecho a un procedimiento racional y justo, ya que, en virtud del principio de congruencia al no haberse formalizado la investigación, se impide a la víctima presentar acusación particular.

19 de enero de 2024
Páginade 752