El requirente alega que la sanción aplicada resulta arbitraria y desproporcionada, vulnerando sus garantías constitucionales.
Establece innovaciones en la administración de la copropiedad, la adopción de acuerdos entre los copropietarios y una serie aspectos urbanos y constructivos. Iniciativa está lista para ser promulgada y publicada.
Vulnera el derecho de propiedad y la seguridad social.
Agilización en los procedimientos no debe lograrse a costa de los derechos fundamentales de las partes.
No resulta compatible con las exigencias de racionalidad y justicia negar la posibilidad de que la decisión sea revisada por un tribunal superior.
El requirente estima que no permitírsele controvertir una ejecución improcedente, se vulnera el debido proceso.
Aguas Andinas estima que el cúmulo de multas que se le aplicó de acuerdo con la norma impugnada transgrede los artículos 5°, 6°, 7° y 19 N° 2, N° 3 y N° 26 de la Constitución.
El requirente estima que se vulnera su garantía constitucional al debido proceso.
Al establecer que en contra dicha resolución no procederá recurso, se priva a las partes de sus medios de defensa.
Vulneran las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y el debido proceso.
