La resolución del recurso de protección tendrá un impacto para la empresa requirente, actual titular de una concesión de acuicultura.
La aplicación del precepto impugnado resulta absolutamente discriminatorio y da cuenta de un prejuicio inaceptable en contra de los extranjeros, que no se funda en ningún motivo razonable y que hoy resulta imposible de conciliar con nuestra Constitución Política.
Durante la pandemia, en otras sedes jurisdiccionales se han logrado desarrollar sendas audiencias, tales como juicios simplificados y orales, en especial en todos aquellos casos en que existen afectaciones a derechos fundamentales de algunos de los intervinientes.
Al cerrar la investigación y decidir no perseverar sin formalización, el querellante no puede seguir interviniendo en el procedimiento penal, ya que, en la práctica, una vez ejercida la decisión de no perseverar sin formalización, se le impide el derecho a acusar.
La denuncia de SERNAPESCA no cumplió con el estándar de inspección y la necesaria comprobación de la infracción administrativa que le es exigible y en base a ella se lo sancionó con una multa.
No existe vulneración del derecho de sufragio pasivo y del derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos por no tener la condición de electores inscritos en el censo electoral vigente.
Precepto legal impugnado infringiría el derecho al recurso, toda vez que se le impide a la Municipalidad recurrir ante un Tribunal superior.
Concurre la causal de inadmisibilidad por falta de fundamento plausible.
Se vulnera el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, pues la entrega de la información solicitada afecta directamente los derechos de carácter comercial o económico de la pesquera.
El Pleno del Tribunal se pronunciará en control preventivo y obligatorio sobre el proyecto de ley sometido a su conocimiento.
