Se transgrede el principio de servicialidad, por cuanto los efectos que la sanción produciría sobre terceros debilitarían la capacidad del Estado para atender las necesidades sociales, con afectación de los derechos fundamentales de esos terceros.

Ejercer el derecho a revisión a través del recurso de apelación deducido por la requirente es fundamental ante la limitación improcedente y arbitraria que consigna el artículo 472 del Código del Trabajo.

Se infringiría el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley y el derecho a la honra.

Se infringiría el debido proceso, toda vez que la Corte de Santiago, al resolver el reclamo de ilegalidad, en el hecho lo haría como tribunal de única instancia. Contra su decisión no sería posible presentar ningún recurso judicial.

El artículo 768 inciso antepenúltimo del Código de Procedimiento Civil, introduce la prohibición de instar por la anulación de la sentencia definitiva que, desconociendo el deber de motivar las decisiones, vulneraría la garantía de un procedimiento justo y racional.

El arresto decretado en el juicio que da origen a este requerimiento no reuniría el requisito de proporcionalidad, pues el ente municipal es dueño de bienes embargables sobre los cuales el acreedor puede hacerse pago.

Un Tribunal Constitucional no es una anomalía del modelo chileno y sus facultades tampoco difieren radicalmente de las que poseen los tribunales constitucionales de otros países.

Desvinculó a un trabajador de forma discriminada motivada en la opinión política del demandante en la gestión pendiente.

El requirente interpuso una querella en contra de una persona por falsificación y uso malicioso de la tasación para obtener un crédito hipotecario.

El conflicto que debe ser resuelto por la judicatura civil competente. Se trata de un asunto de mera legalidad.