Los requirentes habrían promovido y perdido dos incidentes en el mismo juicio.
La norma objetada carece de parámetros que permitan determinar cuándo se está ante el incremento patrimonial “relevante” e “injustificado” al que se refiere, y prescinde además en términos absolutos de la descripción de conductas concretas.
El decretar el embargo sobre los fondos que percibe como sostenedora de la escuela, solo tendería a generar un caos económico y la imposibilidad de la continuidad del servicio educación que esta presta a la sociedad.
Se transgrede el principio de servicialidad, por cuanto los efectos que la sanción produciría sobre terceros debilitarían la capacidad del Estado para atender las necesidades sociales, con afectación de los derechos fundamentales de esos terceros.
Se infringiría el debido proceso, específicamente el principio de tipicidad.
Los artículos objetados obligan a tratar la información que la Isapre ha puesto en conocimiento de la Superintendencia de Salud, de manera extraordinaria, como si la misma fuese pública.
No existe gestión judicial pendiente.
El artículo objetado autoriza el recurso de nulidad contra la sentencia del segundo juicio, sólo si la primera sentencia fue absolutoria y la segunda condenatoria.
Alega que el Juzgado de Letras de Castro tuvo por no presentado escrito de excepciones dilatorias, en virtud del incumplimiento de una condición que el mismo tribunal determinó, lo que sería incompatible con el principio de juridicidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución.
La requirente es denunciada por un Sindicato que alega vulneración de derechos fundamentales por prácticas antisindicales.
