La presunción administrativa que da por acreditada la comisión de una contravención infringe el derecho a un procedimiento justo y racional, y limita el derecho a la defensa.

Se infringirían garantías de igualdad ante la ley y la libertad de trabajo.

Se infringirían las garantías constitucionales del derecho a la educación y a la propiedad.

Este tipo de actuaciones de videoconferencia, agravarían los problemas que se producen en la subasta de un bien raíz, por la colusión de los postores, que resulta incontrolable a través de la interconexión.

Los requirentes solicitaron el servicio de alcantarillado para cinco inmuebles que les pertenecen. La solicitud se hizo a la empresa Esval S.A. que es la concesionaria de servicios sanitarios, la que, para prestarlo, puso condiciones que los requirentes estimaron abusivas e ilegales.

Se declaró admisible, sólo en lo que respecta a la frase “en forma absoluta”, contenida en el artículo 9°, inciso segundo, de la Ley N° 21.226.

La regla cuestionada se aplica por igual y sin ningún tipo de distinciones a todos los intervinientes que se encuentren en la situación descrita por la requirente.

Le corresponderá al Tribunal Pleno, evacuados los traslados conferidos o vencido el plazo otorgado al efecto, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

En la práctica la aplicación de los preceptos impugnados, permitirían la generación de obligaciones de manera ilimitada sin que exista actividad laboral alguna.

En la gestión pendiente se acusa a la requirente por los delitos de calumnias e injurias graves por escrito y con publicidad.