La Magistratura Constitucional en Pleno emitirá pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
Para que se pueda sancionar por estos delitos hace falta que el sujeto sepa que está contagiado o tenga indicios de ello.
Los requirentes solicitaron el servicio de alcantarillado para cinco inmuebles que les pertenecen. La solicitud se hizo a la empresa Esval S.A. que es la concesionaria de servicios sanitarios, la que, para prestarlo, puso condiciones que los requirentes estimaron abusivas e ilegales.
Las Diputadas y Diputados requirentes sostienen que se vulneraría el derecho preferente de los padres a la educación de sus hijos y la libertad de enseñanza.
Se transgrede el principio de servicialidad, por cuanto los efectos que la sanción produciría sobre terceros debilitarían la capacidad del Estado para atender las necesidades sociales, con afectación de los derechos fundamentales de esos terceros.
Ejercer el derecho a revisión a través del recurso de apelación deducido por la requirente es fundamental ante la limitación improcedente y arbitraria que consigna el artículo 472 del Código del Trabajo.
Se infringiría el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley y el derecho a la honra.
Se infringiría el debido proceso, toda vez que la Corte de Santiago, al resolver el reclamo de ilegalidad, en el hecho lo haría como tribunal de única instancia. Contra su decisión no sería posible presentar ningún recurso judicial.
El artículo 768 inciso antepenúltimo del Código de Procedimiento Civil, introduce la prohibición de instar por la anulación de la sentencia definitiva que, desconociendo el deber de motivar las decisiones, vulneraría la garantía de un procedimiento justo y racional.
El arresto decretado en el juicio que da origen a este requerimiento no reuniría el requisito de proporcionalidad, pues el ente municipal es dueño de bienes embargables sobre los cuales el acreedor puede hacerse pago.
