Las normas objetadas obligan a que se presten servicios mínimos y se establezcan equipos de emergencia, sin hacer distinción del tipo de empresa o de las consecuencias que podría traer aparejada una eventual huelga, tal como lo exige la OIT.

Cuando un sujeto desconoce si puede o no ser infractor de la Ley de Seguridad del Estado (lo cual reviste singular gravedad atendida la amplia penalidad), no es posible afirmar que tal preceptiva cumpla con la exigencia de la previsibilidad, de que la conducta esté completamente descrita en la ley.

La joven y sus padres han sido informados sobre la importancia de la transfusión de sangre dentro del tratamiento de la leucemia y las consecuencias de no llevarlo a cabo, pero ellos han manifestado su decisión libre y fundada en sus creencias religiosas de no recibir dichas transfusiones de sangre.

La ciudad-Estado de Berlín se excedió en sus competencias al tratar de poner límites al incremento desbocado de los alquileres en la capital alemana.

Ni la parte demandante, una institución previsional que por ley debe proceder respecto de los cobros de cotizaciones previsionales de manera diligente, ni el Juez del Proceso, que debe cumplir con un mandato legal, realizaron gestión alguna durante más de 3 años.

La gestión pendiente incide en un recurso de apelación, seguido ante la Corte de Apelaciones de Concepción.

Resulta un derecho fundamental de las partes en un procedimiento, que las resoluciones dictadas puedan ser revisadas por el superior jerárquico, más aún si de estas resoluciones se desprenden sanciones tan gravosas como la que funda este requerimiento.

El Tribunal Pleno resolvió no acoger a tramitación el requerimiento presentado por el gobierno, por 7 votos contra 3.

Se infringiría el artículo 13 de la Constitución que consagra el derecho a optar a cargos de elección popular, y el derecho de admisión a todas las funciones y empleos públicos.

La aplicación del artículo objetado establece una diferencia arbitraria, injusta e irracional, entre la situación del ejecutado en sede civil y el ejecutado en el juicio ejecutivo laboral.