La aplicación del precepto impugnado resultaría absolutamente discriminatorio y da cuenta de un prejuicio inaceptable en contra de los extranjeros. No se funda en ningún motivo razonable y hoy resulta imposible de conciliar con nuestra Constitución Política.

Esto, a propósito de una reciente sentencia del TC que declaró inaplicable esta norma en una gestión pendiente en una demanda de divorcio por culpa, seguida ante el Juzgado de Familia de Coquimbo, en la que se solicitó el término del vínculo matrimonial por uno de los cónyuges, ante el descubrimiento de conductas homosexuales del otro.

El principio de proporcionalidad es vulnerado si se considera que el monto de la deuda por concepto de prestaciones laborales que se determinó en favor de la ex trabajadora por el término de su contrato fue de $7.941.180, y que luego se haya liquidado la deuda asociada a la nulidad de despido por $25.032.095, que fueron percibidos por la demandante, sin que ella haya prestado servicio durante ese tiempo.

La norma objetada infringiría la igualdad ante la ley y el debido proceso, toda vez que hace una distinción injustificada al restringir la oposición de excepciones en el juicio ejecutivo laboral que se permiten en un juicio ejecutivo ordinario.

Esto, en el marco de diferentes acciones legales presentadas por Eduardo Frei en contra de su hermano, Francisco, quien habría realizado una serie de estafas al administrar fraudulentamente dicha sociedad.

Si el órgano persecutor fiscal se niega a formalizar la investigación y, como en la gestión pendiente, comunica su decisión de no perseverar en la investigación del delito, el querellante se ve imposibilitado de continuar con su acción penal.

Contiene un marco sancionatorio penal urbanístico excesivamente amplio y vulnera, especialmente, el principio de legalidad.

La Carta Fundamental regula de manera específica y detallada la procedencia del recurso de apelación en materia de desafuero, al establecer que está limitado solo a las resoluciones que conceden el desafuero, por lo que no procede apelación contra una resolución que lo rechaza.

Se vulnera el derecho de igualdad ante la ley, al dar un mismo e idéntico tratamiento al mero contribuyente moroso que al contribuyente que se ha visto expuesto a la lenidad de quien obra como acreedor, o bien ha sufrido dilaciones ante la justicia que no le son imputables, sin abrir a los tribunales posibilidades para distinguir entre ambos casos.

Dada la complejidad contable y financiera de las objeciones, resulta imprescindible que la requirente cuente con un término probatorio para la adecuada defensa de sus derechos.