Tribunal Constitucional

Interés superior del niño.

TC español acogió amparo presentado por una mujer que consideró vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a la propia imagen y a la protección integral de los hijos, en un caso de cambio en el orden de apellidos de su hija menor.

Al respecto, la Magistratura constitucional española adujo que la cuestión que debía resolverse en este supuesto no era tanto si el cambio de apellidos era perjudicial para la hija común, como si, partiendo de que ostentaba como primero desde su nacimiento, el apellido de la madre, le era más beneficiosa una alteración de este orden.

4 de enero de 2021
Non bis in idem.

TC declara admisible inaplicabilidad que impugna normas de la Ley de Tránsito que regulan la idoneidad moral para obtener licencia de conducir profesional.

La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Pica y Jaramillo (s) quienes estuvieron por declarar la inadmisibilidad del requerimiento, por concurrir la causal prevista en el artículo 84 N° 5 de la LOCTC, esto es, los preceptos impugnados no resultarán decisivos en la resolución del asunto.

3 de enero de 2021
Principio de proporcionalidad.

Empresa solicita se declare inaplicables normas que le impiden contratar con el Estado, en causa en la que es demandada por vulneración de derechos fundamentales por un trabajador que se desempeña en el marco de un contrato con la Municipalidad de San Felipe.

La gestión pendiente incide en autos sobre demanda de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales, seguido ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Felipe, en actual conocimiento de la Corte de Valparaíso, por recurso de nulidad.

1 de enero de 2021
Empate de votos.

TC rechazó inaplicabilidad que impugnaba norma que establece escala de multas en razón del tamaño de la empresa empleadora.

El voto por rechazar destaca que la cuestión planteada es un asunto de mera legalidad, ya que se presenta un conflicto de legalidad en el requerimiento, porque lo reclamado es la falta de motivación del acto administrativo que impuso las multas, lo cual corresponde a los jueces del fondo, ya que implica juzgar la actuación de la Administración.

31 de diciembre de 2020
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