El requirente alega que el precepto impugnado contradice la Constitución, en la forma en que ésta regula el desafuero de autoridades públicas.
El requirente estima que la norma en cuestión posibilitó un acto administrativo arbitrario y atentatorio de garantías fundamentales.
El requirente alega que se le ha despojado de su propiedad mediante un procedimiento fraudulento, vulnerando sus garantías constitucionales.
El requirente estima que el plazo contemplado constituye un obstáculo irracional para su derecho a una tutela judicial efectiva.
El requirente alega que se le impide controvertir una prenda que le es inoponible por sentencia ejecutoriada, vulnerando sus garantías constitucionales.
El requirente alega que la aplicación de los preceptos impugnados en el caso concreto vulneran su garantía al debido proceso.
El requirente alega que la restricción recursiva resulta carente de razón y vulnera sus garantías constitucionales.
Las normas consultadas le entregan nuevas atribuciones a las Direcciones de Obras Municipales de los municipios o reiteran las que ya se les han conferido por el legislador orgánico constitucional o las especifican, señala el voto disidente, por lo que son propias de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
El requirente alega que se le ha impedido objetar una tasación injusta, vulnerando su derecho de propiedad y de igualdad ante la ley.
La norma satisface estándar constitucional exigido en virtud de los principios de legalidad y proporcionalidad
