El requirente alega que imponerle la carga de probar un hecho negativo es excesiva, tanto más si debe promover el incidente en el breve plazo de 5 días, lo que vulnera sus garantías de igualdad ante la ley y debido proceso, entre otras garantías.

El legislador introdujo el llamado “procedimiento monitorio”, que en rigor es una técnica que pertenece a los procesos simplificados, consistente en que se pueda acoger o rechazar la demanda sin escuchar a la contraparte, pero garantizando que ésta pueda abrir audiencia con sólo manifestar tal voluntad. Se originó para el cobro de sumas de baja cuantía, para conflictos en que existían pocas probabilidades de oposición.

El requirente alega que se le impide injustamente controvertir una factura por servicios que no se prestaron, vulnerando sus garantías constitucionales.

El ministro Muñoz afirmó que “creo que no nos hemos equivocado en la elección. El señor Pica vivió el Tribunal Constitucional desde los primeros cargos como abogado; y vivió el TC en sus decisiones y vivió el texto constitucional en la aplicación que hizo en sus sentencias.  Creo que eso es lo que debemos atender. Y su carácter, que todos conocimos, es lo que también nos deja estos instantes. He querido resaltar la figura de él como jurista”.

Los requirentes alegan que la aplicación de estos preceptos atenta contra la igualdad ante la ley, la tutela judicial efectiva de los derechos, el derecho a la acción contra actos Administrativos entre otras garantías constitucionales.

El requirente alega que la falta de efecto suspensivo de estos incidentes atenta contra su garantía a un justo y racional procedimiento, a la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, entre otras garantías constitucionales.

El requirente alega que la limitación no tiene fundamento racional, es contraria a la igualdad ante la ley, afecta su derecho a defensa, contraviene el debido proceso, el derecho de propiedad, entre otras garantías constitucionales.

La requirente fue parte de un juicio de lato conocimiento en que tuvo la oportunidad de oponer excepciones, contestar la demanda, promover incidentes, presentar prueba e impugnar la sentencia. Tuvo la oportunidad de participar activamente ejerciendo su derecho a defensa, por lo que se le han respetado las garantías del debido proceso.

No se condice con los parámetros de racionalidad y justicia que la Constitución exige al proceso penal, la circunstancia de que el imputado se vea privado de la posibilidad de apelar contra la resolución que determina lo que será, en la práctica, todo el juicio oral, incidiendo en la prueba y, por consiguiente, en el esclarecimiento del hecho punible y las circunstancias que lo rodean.

El requirente alega que la ocurrencia de un accidente cerebro vascular le impide comparecer a absolver posiciones por lo que se le dará por confeso, lo que es contrario a la igualdad ante la ley, al debido proceso, al derecho a defensa, entre otras garantías constitucionales.