El requirente alega que se le aplica una sanción múltiple que tiene efectos desproporcionados y atentatorios a su derecho de propiedad.
El requirente alega que se le obliga a vender su inmueble a un precio muy inferior al de mercado, vulnerando sus garantías constitucionales.
El requirente reclamó que la aplicación de la preceptiva legal impugnada vulnera el principio de servicialidad del Estado, la igualdad ante la ley, la garantía de un justo y racional procedimiento, el principio non bis in idem y el derecho de propiedad.
El requirente reclamó que los preceptos impugnados vulneran su derecho al debido proceso y a la acción penal de la víctima.
El requirente alega que la restricción recursiva afecta gravemente la garantía del debido proceso.
El juez requirente reclamó que los preceptos impugnados podrían eventualmente vulnerar el artículo 19 Nº2 de la Carta Fundamental, los artículos 3, 5.1, 11.1 y 18 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y los artículos 16 y 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles.
El requirente alega que se permite vender en subasta pública acciones de su propiedad a un precio muy bajo sin que pueda oponerse, afectando sus garantías constitucionales.
El requirente estima que los preceptos impugnados atentan contra los principios constitucionales de legalidad y competencia, además de la garantía constitucional del debido proceso.
El requirente alega que la restricción de su libertad personal resulta desproporcionada, afectando además su garantía a la libertad del trabajo.
La requirente estima que la aplicación de los preceptos impugnados vulnera el debido proceso.
