Se adoptó acuerdo, quedando la causa en estado de sentencia, designándose como redactor a la Ministra Brahm.
TC declara inadmisible inaplicabilidad que impugna norma que impide a Fundación educacional a contratar con el Estado, al haber sido condenada en procedimiento de tutela de derechos fundamentales.
Se hace presente que durante la tramitación de la iniciativa se suscitó cuestión de constitucionalidad, por lo que se encuentra, a primera vista, habilitado para pronunciarse sobre ello, en razón de los artículos 48 y 49 de la LOCTC.
La Segunda Sala adujo que consta en autos que el requirente no ha dado estricto cumplimiento a lo ordenado por esta Sala, en atención a que el certificado que contiene las menciones requeridas por la ley referidas al estado actual de la gestión pendiente, puesto que no se especifican eventuales recursos interpuestos contra la sentencia dictada por la Corte de Puerto Montt.
La Magistratura constitucional colombiana adujo que la demanda de casación cumplió con las exigencias materiales de la impugnación de la primera sentencia condenatoria y, a su vez, la sentencia de este recurso las propias del derecho a la doble conformidad del accionante.
La Primera Sala señala que, ha logrado formarse convicción en cuanto a que la acción constitucional deducido no puede prosperar, al concurrir la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 6° del artículo 84 de la LOCTC, falta de fundamento plausible.
En el marco de la ley previsional los distingos soltera y divorciada devienen accidentales, no substanciales, cuando se observan las afinidades medulares que las asemejan, como es la misma contingencia social que afecta a la divorciada.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
Asimismo, la Magistratura constitucional de España también declara constitucional el artículo relativo a que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán realizar registros corporales externos. La sentencia explica que dicha práctica “no lesiona el derecho a la intimidad corporal cuando dichos registros, que incluso pueden conllevar el desnudo parcial, se basen en indicios racionales de que se porten objetos y puedan ser utilizados con la finalidad de cometer un delito o infracción, o de alterar la seguridad ciudadana.
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