La Magistratura constitucional citó a una audiencia pública por vía remota, en la cual podrán ser oídos los terceros interesados que deseen exponer sobre las cuestiones directamente relacionadas con el asunto de autos, y que así lo soliciten por escrito.

La gestión pendiente incide en autos sobre reclamo judicial de multa administrativa, seguido ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, en actual conocimiento de la Corte de la misma ciudad, por recurso de nulidad.

La Magistratura Constitucional señala que, la decisión que se adopte no importa cuestionar o discutir la facultad fiscalizadora que conforme a la respectiva legislación sectorial compete a la SBIF.

Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Letelier y Pozo, quienes estuvieron por declarar admisible el requerimiento.

El requerimiento fue admitido a trámite con los votos en contra de la Ministra Silva y los Ministros Pino y Pozo, quienes estimaron que, en definitiva, no permitir que la otra Cámara se exprese, afecta tanto las funciones de ésta como las del Congreso en su conjunto y no es deferente con su razonamiento.

La gestión pendiente incide en juicio de arrendamiento, seguidos ante el Tercer Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, en actual conocimiento de la Corte Suprema por recurso de casación en el fondo.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

La Segunda Sala, llegó a la convicción de que concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 84 N° 3 de la LOCTC, esto es, cuando no exista gestión judicial pendiente en tramitación, o se haya puesto término a ella por sentencia ejecutoriada.