El sistema de ejecución forzada diseñado en nuestro Código responde a una lógica que equilibra los derechos del ejecutante y del ejecutado, y no vulnera la igualdad ante la ley ni el derecho de dominio.

El requirente alega que las normas legales objetadas infringen la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica, desde que el juez podrá fijar cualquier precio como mínimo, sin estar sujeto a ningún parámetro, ni siquiera al de la lesión enorme.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el derecho a un proceso racional y justo, y el principio de seguridad jurídica, desde que a pesar de haberse cometido errores manifiestos en la liquidación y, con ello, dar lugar a un enriquecimiento sin causa, no puede objetar la liquidación del crédito ni apelar la resolución.

El requirente alega que las normas legales objetadas infringen la igualdad ante la ley, la igual protección en el ejercicio de los derechos, la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, y los principios de proporcionalidad y de legalidad, desde que podría verse afectada su libertad ambulatoria, lo cual infringe los tratados internacionales, pues los reportajes dicen relación con actos de corrupción en la Municipalidad de Talcahuano, por lo que son cuestiones de interés público.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y el principio de proporcionalidad, desde que existe una diferenciación arbitraria entre a quienes se les aplica las reglas ordinarias de determinación de la pena señaladas en el artículo 52 del Código Penal, mientras que, en el caso en concreto, en virtud de la aplicación del artículo impugnado, se fija una diferenciación que exaspera exageradamente la pena que en concreto se termina imponiendo.

El MINIEDUC alega que se ve impedido que sus alegaciones sean ponderadas en una sede distinta, no administrativa sino jurisdiccional, que pondere las reglas y derechos en juego con mayor distancia e imparcialidad, pues al obligarlo a entregar información, no hace más que menoscabar sus atribuciones esenciales para el éxito de sus funciones.

No se trata de un doble conforme, ello pues la primera sentencia es invalidada y al anularla no existe y, en segundo lugar, porque no hay revisión de la sentencia por un tribunal superior. El recurso de queja no es una vía idónea para impugnar la sentencia como se realiza en la práctica, refiere el voto que estuvo por acoger el requerimiento.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, ya que si bien la Ley N°21.248 tiene por objeto luchar contra las organizaciones criminales que se dedican a cometer cierta clase de delitos, al mismo tiempo le genera un perjuicio a terceros de buena fe, desde que les impide interponer tercería o reclamación.

Se alega que si bien existe un deber legal de garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes respecto de los contenidos televisivos que se expresen dentro de su ámbito de competencias, tal protección no puede implicar un absurdo en que se sancione a DIRECTV de manera completamente arbitraria, entendiendo que existe, hoy en día con el desarrollo del internet y las redes sociales, medios que difunden ampliamente el mismo contenido por el que la sanciona.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe igualdad ante la ley, la libre iniciativa económica, el derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica, desde que a pesar de que el objeto de la empresa es entregar servicios informáticos en establecimientos de salud y que, por tanto, no corresponde a un establecimiento de salud, el precepto impugnado la hace responsable del otorgamiento de descanso reparatorio por la pandemia.