La sentencia sostuvo que la referencia a los reglamentos no supone una transgresión al principio de tipicidad, desde que no conforma el núcleo típico de la norma punitiva y del cuidado correspondiente con que debe ser ejecutada.

La gestión pendiente incide en proceso seguido ante el Tribunal Calificador de Elecciones.

El TC señala que, la pretensión del requirente exige un examen previo de cuáles son las normas subsidiarias aplicables al caso. Sin embargo, dicho examen es un asunto de estricta legalidad al involucrar sólo cuestiones de interpretación jurídica.

La FNE arguyó que, la norma impugnada no constituye una sanción, dado que, aun cuando permite cobrar a la persona natural la multa impuesta a la empresa, esta conserva el derecho a cobrar a la persona jurídica el total de lo pagado

En el caso concreto, no se vislumbra un conflicto de constitucionalidad como el denunciado en el requerimiento entre los artículos 3°, letras a y b), 7° y 8°, inciso primero, del Código del Trabajo y los artículos 6º, 7º, 19 Nº2, 38, 63 Nºs 2 y 14, 65, incisos primero, segundo y cuarto Nºs 2 y 4, y 100 de la Constitución

Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

La Primera Sala señaló que concurren las causales de inadmisibilidad previstas en los numerales 5° y 6° del artículo 84 de la LOCTC, esto es, cuando de los antecedentes de la gestión pendiente aparezca que el precepto legal impugnado no resultará decisivo en la resolución del asunto, y carezca de falta de fundamento plausible.

La norma impugnada establece que “los candidatos independientes en todo caso, no podrán haber estado afiliados a un partido político dentro de los nueve meses anteriores al vencimiento del plazo para presentar las declaraciones de candidaturas”.

Concluyó la resolución que no existe actualmente una gestión judicial pendiente .

El requirente estima que la disposición impugnada afecta la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.