TC rechazó inaplicabilidad que impugnaba normas que delegarían regulación de la potestad sancionadora del Estado que ejerce DIRECTEMAR a un reglamento.
El Tribunal señaló que las garantías derivadas del derecho a un justo y racional procedimiento, se aplican no sólo al individuo frente a los tribunales, sino que también a las personas ante los órganos administrativos.