Establece una nueva atribución del Ministerio Público en el marco del ejercicio de sus funciones de persecución penal. Una facultad que no estaba reglada con anterioridad y que modifica la que cumplía en relación a la existencia del delito de contrabando

La requirente alega que la norma legal objetada infringe el principio de juridicidad y la supremacía constitucional, el debido proceso y el derecho a un juez natural, desde que se atribuye a los jueces laborales una competencia no otorgada por el legislador, en cuanto se traslada una relación de Derecho Público al Derecho Privado que se encuentra regulado en el Código del Trabajo.

La requirente alega que la norma legal objetada infringe igualdad ante la ley, el acceso a la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el derecho de propiedad y la seguridad de que los preceptos legales no pueden afectar los derechos en su esencia, al no poder fundar su demanda de oposición en su calidad de poseedor inscrito del inmueble desde que la peticionaria sostiene que se le prometió vender parte del bien raíz.

El requerimiento de inaplicabilidad fue rechazado al producirse un empate de votos. Para los Ministros que estuvieron por acoger, el precepto legal produce un efecto contrario a la Constitución por vulnerar la obligación de garantizar una tutela judicial efectiva, al constreñir a tan sólo cuatro causales las posibilidades de reclamo del contribuyente y no permitir controvertir el avalúo realizado, impedimento que, genera una situación de indefensión no tolerada por la Carta Fundamental.

La ausencia de criterios en la ley permite que las multas impuestas carezcan de fundamentación, salvo consideraciones genéricas insuficientes, por lo que el artículo 174 inciso primero del Código Sanitario vulnera el mandato de interdicción de la arbitrariedad y el deber de proporcionalidad, entrabando el derecho a defensa, en el marco de un procedimiento racional y justo del administrado, e impiden, en definitiva, un eficaz control de lo actuado por la Administración, refiere el voto en contra.

La presencia del acusado en el juicio, sea como contenido de un derecho fundamental o como el objeto de una obligación legal enderezada a un fin constitucional, en ningún caso persigue asegurar la comparecencia personal de acusado en el proceso. De ser esto último posible, la presencia forzada se transformaría en una medida cautelar inconstitucional.

La requirente alega que la norma legal objetada infringe la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, particularmente, el debido proceso, ya que deja sin aplicación el régimen de recursos que al litigante en cualquier otro proceso se le reconoce

Los requirentes alegan que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y el derecho a un procedimiento racional y justo, particularmente el derecho al recurso, ya que le impiden al sujeto pasivo del proceso laboral recurrir de apelación en contra de la resolución que rechaza la excepción de incompetencia del tribunal.

La Municipalidad alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, la libertad de contratación, el derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica, ya que si bien la actora comenzó a trabajar en 1979 en el 2008 asumió un cargo de Dirección, por lo que no se puede considerar que hubo continuación de servicios y la indemnización por años de servicios que debe reconocérsele solo puede alcanzar al límite de 11 años.

La Municipalidad alega que la norma legal objetada infringe derecho a un racional y justo proceso, y el principio de seguridad jurídica, ya se le que impide obtener un justo remedio a través de un tribunal superior.