La Magistratura señala en su sentencia que, en la especie, no se trata de una presunción acerca de la existencia de algún hecho, sino que de la suposición de que es verdadero el relato – una versión de los hechos – narrado por una de las partes.

El fallo refiere a la prohibición de la prisión por deudas, en cuanto tampoco rige tal prohibición cuando no se trata del mero incumplimiento de un contrato, sino que concurren otros elementos de disvalor del acto o resultado.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

La resolución señala que, analizada la gestión pendiente en su actual avance procesal, la norma impugnada agoto su aplicación en la gestión que subsiste en sede de ejecución.

En su resolución, la Magistratura constitucional sostuvo que concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 6 del artículo 84 de la LOCTC, esto es, adolecer de falta de fundamento plausible.

El requirente estima que el precepto impugnado transgrediría las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y la libertad de trabajo.

La Magistratura constitucional de España recordó que las resoluciones judiciales impugnadas en amparo fueron adoptadas tras procesar por delitos graves a Puigdemont y Comín que, desde el mes de julio de 2018, han sido declarados procesalmente rebeldes por no haber concurrido a ninguno de los llamamientos judiciales que les han formulado.

La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de protección, seguido ante la Corte de San Miguel.

La gestión pendiente incide en proceso penal, seguido ante el Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.

La gestión pendiente incide en proceso penal, de que conoce el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.