La requirente estima que la norma legal impugnada crea tributos manifiestamente desproporcionados e injustos y contraviene la igualdad ante la ley.

El requirente alego que la posibilidad de enervar la suspensión decretada con el pago de una caución vulnera sus garantías constitucionales.

El requirente alega que se vulnera su garantía de debido proceso y de igualdad ante la ley.

La requirente estima que al impedírsele apelar contra la sentencia que rechaza un incidente de nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento se atenta contra el debido proceso y establece un trato discriminatorio en su contra.

El requirente alega que al extenderse y beneficiarse a personas jurídicas cesionarias de créditos laborales con los reajustes e intereses aplicables a las de remuneraciones, indemnizaciones o cualquier otra suma que los empleadores adeudaren a los trabajadores, se vulneran sus garantías constitucionales.

El SII alega que la limitación recursiva vulnera su derecho de igualdad ante la ley y al debido proceso.

La requirente alegó que la prohibición establecida en el precepto legal impugnado transgrede la garantía constitucional del debido proceso.

Las consecuencias jurídicas de la nulidad del despido, además de tener justificación constitucional, pueden ser evitadas por el empleador cumpliendo con su obligación de enterar oportunamente las cotizaciones previsionales, o detenidas, mediante la convalidación del despido en la forma prescrita en la ley.

El requirente alega que la aplicación de las normas legales impugnadas vulneran su integridad física y psíquica, el derecho a la propiedad, entre otras garantías constitucionales.

Existen múltiples razones para que el Estado exija contratar sólo con empresas que cumplan con las leyes laborales -como exige el precepto legal impugnado- de manera de evitar asociar al Estado con comportamientos ilícitos que vulneren los derechos de los trabajadores