La requirente estima que la norma conculca su derecho a un justo y racional procedimiento, y la cosa juzgada derivada de una transacción como equivalente jurisdiccional.
La requirente estima que las sanciones aplicadas por la Corte de Apelaciones son desproporcionadas.
El requirente alegó que la limitación no tiene fundamento racional y vulnera sus garantías constitucionales.
Pero rechazó inaplicabilidad de la CMF respecto de los artículos 5°, inciso segundo, y 10, inciso segundo, de la Ley N° 20.285.
Los requirentes estiman que la norma refutada infringe principios fundamentales del Derecho Penal amparados por la Constitución.
La requirente alega que la restricción recursiva lo deja sin la posibilidad de controvertir una sentencia viciosa, vulnerando el debido proceso y la igualdad ante la ley.
El requirente alegó que retener dichos dineros a través de un embargo vulnera las garantías fundamentales de los alumnos de dicho establecimiento.
Los requirentes alegaron que la potestad sancionatoria de la autoridad, en el caso concreto, es excesiva y contraria a los principios de legalidad y proporcionalidad.
El requirente alega que la medida atenta contra su derecho a la libertad de enseñanza y el derecho a la educación.
El requirente estima que la aplicación del precepto legal afecta su garantía constitucional del debido proceso.
